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El PSOE pide mejoras en las indemnizaciones del seguro deportivo obligatorio

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre medidas para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las cuantías de indemnización del seguro obligatorio deportivo, dadas las diferencias con países del entorno de España.

El caso del jugador de rugby Alberto Alaiz, que sufrió una lesión medular en un partido de la cuarta división de la Federación de Madrid con pronóstico de tetraplejia y la indemnización de 12.000 euros que le corresponde según la ley, han sido determinantes para impulsar la iniciativa. El diputado Javier Antón, acompañado por Alaiz, entregaron en la cámara la proposición no de ley, que recuerda que el Real Decreto 849/1993 que regula el seguro obligatorio deportivo dicta que la primera actualización de las indemnizaciones debe hacerse en un plazo de 3 años, aunque “pasados 25 años no se ha procedido a la misma”. “Los seguros no están cubriendo de una manera digna las lesiones que padecen los deportistas federados. Debemos ser coherentes con el objetivo del deporte de potenciar 4 el derecho a la salud de los ciudadanos, buscando la protección en la práctica, evitando lesiones, y garantizando su cobertura sanitaria en el caso de producirse”, argumenta Javier Antón.

La iniciativa insta al Gobierno a actuar un plazo de 6 meses con medidas como adaptar a las distintas modalidades deportivas y actualizar las cuantías indemnizatorias del seguro, “para equipararse al resto de países de la Unión Europea”, según la previsión de estudios y riesgos recogida en la ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje. España figura como el que tiene la indemnización más baja ante una lesión de tetraplejia en rugby con 12.000 euros. Francia es el que abona la cantidad más alta con 4,5 millones de euros, seguido de Irlanda (850.000), Escocia e Inglaterra (645.000) e Italia (120.000 euros).

La proposición pide también la aprobación de un plan de apoyo a la salud dentro de la actividad deportiva, que determine los riesgos comunes y específicos, según las diferentes necesidades de mujeres, hombres y menores de edad, así como a las específicas por razón de discapacidad, y las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan requerirse según los riesgos detectados. Un protocolo de actuación en deportes federados sobre la asistencia sanitaria y los dispositivos mínimos de ésta que debe haber en competiciones deportivas, figura también en la proposición, además de impulsar acuerdos con sociedades científicas, centros y profesionales de la medicina para estudiar las disciplinas con importantes riesgos para garantizar la salud del deportista.

También reclama la implantación en 2018 de los reconocimientos médicos previos obligatorios a los deportistas federados; la tarjeta de salud del deportista y un acuerdo con las mutuas colaboradoras con la seguridad social sobre programas de atención sanitaria a los deportistas, curación y recuperación de lesiones posibles. Y defiende un régimen de sanciones a las federaciones por incumplimiento de la obligación de suscripción o entrega del certificado individual del seguro obligatorio a los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal u otras que sean competencia de éstas.

Compran 3 vehículos en 6 días con firmas falsas y destruye 2 para cobrar el seguro.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 13 meses de prisión, una multa de 1.620 euros e indemnización de 51.137 euros a un hombre por comprar los vehículos concertando contratos de financiación en los que figuraba su madre como titular o avalista. Para realizar esas operaciones utilizaba una firma falsa de su madre, titular de la cuenta corriente contra la que se pasarían los recibos.

La sentencia tiene en cuenta que el condenado padece una alteración mental, con afectación leve de su capacidad intelectiva, así como la existencia de dilaciones indebidas, pues los hechos se remontan a 2008. Pero declara al hombre autor de un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El condenado concertó tres contratos de financiación con Banco Cetelem, FCE Bank y RCI Banque para adquirir un Volkswagen Golf, un Ford Focus y un Nissan 350Z, los días 4, 6 y 9 de junio de 2008. Los tres contratos fueron aprobados y los coches vendidos y entregados al acusado, quien los puso a su nombre y dispuso de ellos en todo momento. Los créditos resultaron prácticamente impagados en su totalidad.

Para lograr los préstamos utilizó una fotocopia del DNI compulsada de su madre y la firma falsa de ésta. A la entrega de los vehículos, dos de ellos estaban destruidos para cobrar los importes de los siniestros.

El Parlamento británico dificultará el negocio de las denuncias de falsas intoxicaciones de sus turistas en España

El Parlamento británico está tramitando un cambio de normativa que exija pruebas médicas como medida para contrarrestar el espectacular aumento de las demandas interpuestas por turistas británicos contra hoteles españoles por falsas intoxicaciones alimentarias. Este fraude, que afecta a los hoteles, a los tour operadores y a las aseguradoras de ambos, está proliferando gracias a las permisivas normas legales en el Reino Unido. Las denuncias de falsas intoxicaciones alimentarias de turistas británicos durante su estancia en hoteles españoles aumentaron un 700% en 2016. Las patronales hoteleras existentes en España critican la falta de severidad en la legislación británica en esta cuestión al no exigir ninguna prueba ante una denuncia por intoxicación alimentaria interpuesta por bufetes de abogados sin escrúpulos. El turista, tras pasar unos días en España y una vez en su país de origen, reclama al tour operador con el que contrató el viaje una indemnización por la intoxicación alimentaria sufrida supuestamente durante su estancia en el hotel español, que es el que termina pagando la factura del engaño. Esta operativa fraudulenta, a la que no son ajenas bufetes de abogados en el Reino Unido, es facilitada por la legislación de algunos países, no solamente el británico, “en la que la demostración y prueba del daño sufrido y la acreditación del nexo causal es menos exigente que en España”. Desde la Secretaría de Estado de Turismo se destaca que las Oficinas españolas de turismo en Londres “han actuado con prontitud y celeridad junto con el Gobierno británico”, para hacer frente al crecimiento desmedido de este tipo de reclamaciones. Al mismo tiempo, se subraya, en pleno debate sobre el Brexit, la cooperación entre los dos Gobiernos para atajar el fraude de las denuncias por falsas intoxicaciones. La página web del Gobierno británico alerta a sus ciudadanos sobre que es un delito presentar una demanda contra un tour operador o un hotel por una falsa intoxicación. También se está trabajando con los Colegios de Abogados en el Reino Unido. La Secretaría de Estado de Turismo anima a los hoteles a denunciar la presencia de las furgonetas de los abogados dedicados a la ‘recolección’ de reclamaciones de turistas británicos cuando están abandonando España.