Asisa logra el seguro de Asistencia Sanitaria del personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la adjudicación de la póliza de Asistencia Sanitaria para los 3.000 miembros del personal al servicio del Ayuntamiento de Santa Cruz y sus organismos autónomos a Asisa. Se presentaron otras dos ofertas (DKV, Adeslas), pero Asisa obtuvo la mejor puntuación (98,64) tras ofrecer distintos precios por beneficiario y mes con una serie de añadidos (edad, hijos mayores de 25 años o formar parte del personal laboral de convenio). Asisa 4 deberá afrontar un presupuesto global de 2.988.288 euros en un período de vigencia de dos años.

Reale donará 10 euros a la ONG elegida por el cliente por cada seguro Auto Responsable contratado.

Reale donará a una de las ONG con las que colabora la aseguradora, y que será elegida por el cliente, 10 euros por cada póliza de su Reale Auto Responsable que se suscriba. Reale Auto Responsable es 0 papel, ya que todo el envío de la documentación contractual se realiza de manera digital, y la prestación de servicios se realizará en talleres con certificación de gestión responsable y que cumplan con los requisitos de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social de la aseguradora. La póliza, que no genera incrementos en la prima del seguro actual, se comercializa a través de las más de 350 agencias y 1.500 agentes de Reale en toda España.

Unidos-Podemos pide modificar el procedimiento del Baremo para que las víctimas reclamen a las aseguradoras

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó una proposición no de ley que pide la modificación del marco legislativo para la protección de las víctimas de los accidentes de tráfico. Argumenta que “se considera necesario asegurar que las víctimas con lesiones menos graves, que son las más numerosas, sean atendidas adecuadamente y con equidad por parte de las compañías aseguradoras, facilitando los requisitos de acceso a la indemnización, evitar que la lucha contra el fraude venga a suponer la eliminación de justas indemnizaciones para todas las víctimas y sus familias y garantizar que el perjudicado pueda tener en todo caso una defensa jurídica independiente con cargo al seguro de defensa jurídica, incluso en el caso que se obtenga el cobro de la indemnización sin necesidad de procedimiento judicial”. Y se insta al Gobierno a revisar la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación atendiendo a las directrices de la Mesa Nacional de la Bicicleta remitidas al Consejo Superior de Tráfico; revisar la Ley de reforma del Baremo en lo referente al procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las correspondientes indemnizaciones ante las aseguradoras; revisar la Ley Contrato de Seguros, “en lo que se refiere al cobro de la defensa jurídica por parte de los propios asegurados y hacer sancionable las oposiciones injustificadas para su abono por parte de las aseguradoras”; e introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil un procedimiento civil específico “para la reclamación de los daños y perjuicios en accidente de tráfico, informal y sin costas”.